El INE obliga a que los ayuntamientos empadronen incluso a los «ocupas». Los ayuntamientos españoles tienen la obligación de empadronar como vecinos a cualquier persona, sea cual sea su situación jurídica y la de la vivienda en la que reside, incluso si la casa ha sido ocupada ilegalmente y existe un proceso de desahucio en marcha.
Así lo ha establecido la Unidad del Padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE): «el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino, independientemente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, de las circunstancias físicas, higiénico sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio». Con esa explicación queda claro que el Padrón municipal se limita a certificar en qué lugar reside una persona o una familia y, a partir del documento, poder acceder a derechos que son inalienables, como sería la educación de los hijos, la asistencia sanitaria en caso de necesidad, la prestación de ayudas sociales o la posibilidad de votar en unas elecciones. Obstaculizar el empadronamiento de vecinos y vecinas del municipio es impedir que asuman sus obligaciones y derechos con respecto a la Administración local. Aún más grave, les obstaculiza el acceso a derechos universales fundamentales, como la salud y la educación, y les expone a situaciones de alta vulnerabilidad.
Ademas de las normativas legales de empadronamiento este gobierno municipal incumple su obligación, recogida en el art. 21 de la Ley 39/15, de “dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquier que sea su forma de inicación” en el plazo establecido, considerándose en este caso concreto el silencio administrativo a favor del solicitante del empadronamiento.
El Ayuntamiento de Castilleja incumple las leyes de forma reiterada en defensa de los grandes bancos beneficiarios de una Ley y unos gobiernos (Central y local son igualmente sumisos a la banca) que defienden a los bancos no a los ciudadanos. Este Ayuntamiento y los que tienen que hacer valer la legalidad como funcionarios públicos (nos referimos evidentemente a los máximos responsables no al común de los trabajadores) son cómplices de este atropello a la LEY, rayando en la prevaricarición. Se incumplen ademas de forma reiterada las normas al no contestar en plazo las peticiones, se incumplen los informes que se emiten de forma que desconocemos por parte de algún responsable municipal de forma oscura y opaca al no tener acceso la persona que ha solicitado el empadronamiento a dichos informes. Hablamos siempre de ocupación a viviendas vacías propiedad de los bancos no de viviendas de particulares, hablamos también siempre de familias necesitadas víctimas de la crisis, con niños pequeños o mayores a su cargo. Hablamos de un Ayuntamiento que se dice de izquierdas y actúa como el gobierno del PP, hablamos de un Ayuntamiento que usa su fuerza con los débiles y es sumiso con los fuertes, un Ayuntamiento que no defiende los intereses ciudadanos frente a Ikea y Airesur y se ceba miserablemente con los excluidos. Hablamos de un Ayuntamiento que dice defender la Ley y la incumple sistematicamente en este y en otros casos como el empleo público, donde es práctica habitual el enchufismo y el clientelismo, incumple ademas las normas mas esenciales de los derechos humanos al negar cualquier ayuda (alimentos o ropas por ejemplo) a personas cuyo delito es haber caído en la exclusión social y cuyo último recurso ha sido buscar un techo para vivir.
Posiblemente en unos años nuestro Ayuntamiento permitirá que las grandes
empresas de IBEX se anuncien en su fachada, al olvidar por completo
que están al servicio de los vecinos más desfavorecidos.
